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Changing course


Maurice Strong

Secretario General de la conferencia de Estocolmo de 1972 y la Cumbre para la Tierra de 1992

Se han producido enormes cambios en el mundo desde que en la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, se puso al medio ambiente en la agenda internacional y también desde que los gobiernos acordaron el Programa 21, plan para crear un modo de vida sostenible, en la Cumbre para la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992.

Se han hecho grandes avances en la sensibilización sobre las cuestiones de las que debemos ocuparnos y su comprensión, en nuestra capacidad para hacerlo y en el reconocimiento de la necesidad urgente de poner en práctica medidas decisivas y de las graves consecuencias de la inacción. El mayor compromiso con el desarrollo sostenible ha ido de la mano de una cantidad cada vez mayor de ejemplos positivos de su aplicación. Sin embargo, la mayoría de los problemas que enfrenta el mundo en la actualidad han estado sobre el tapete durante decenios, algunos incluso desde Estocolmo. Actualmente, esos problemas han alcanzado dimensiones críticas: no a causa de que los gobiernos no se hayan comprometido públicamente a la acción, sino por su pésimo cumplimiento.

Si los gobiernos hubieran aplicado los numerosos convenios, convenciones, tratados y declaraciones que negociaron –de Estocolmo a Río, Kyoto y Johannesburgo– ya habríamos hecho considerables avances en el camino hacia la sostenibilidad. En cambio, su fracaso nos ha puesto en un rumbo que amenaza el futuro mismo de la humanidad. Los últimos 30 años se han caracterizado por un capitalismo irresponsable, la búsqueda del crecimiento económico ilimitado en detrimento de la sociedad y el medio ambiente, la concentración de cada vez más dinero en menos manos, sin tener casi en cuenta la base de recursos naturales sobre la que se creó esa riqueza.

Río+20 ofrece una nueva oportunidad para hacer el “cambio de rumbo” que los líderes empresariales pedían encarecidamente en la Cumbre de la Tierra de hace dos decenios. A tal fin, se necesitan cambios fundamentales en nuestra gestión de las actividades que repercuten en la sostenibilidad de la Tierra y un nivel de cooperación que excede todo lo que hemos experimentado hasta ahora. La importancia trascendental de las medidas que deben adoptarse exige que esas medidas estén firmemente arraigadas en nuestros principios morales y éticos más profundos.

Sin embargo, la reunión se celebra en una época en que las prioridades políticas se centran en los problemas inmediatos de las crisis económicas y financieras y en las turbulencias políticas que las acompañan en gran parte del mundo. Aumentan la competencia y los conflictos por los escasos recursos y se ha exacerbado la resistencia a cambiar las modalidades de producción y consumo. En consecuencia, se asigna una menor prioridad a problemas de más largo plazo, en particular, el medio ambiente y el cambio climático. Este retroceso de la voluntad política amenaza con tener consecuencias mucho más perjudiciales que los problemas más inmediatos que lo originaron.

Ahora es más importante que nunca prestar atención a las pruebas científicas de que se nos acaba el tiempo en relación con nuestra capacidad de gestionar satisfactoriamente nuestro impacto sobre el medio ambiente terrestre, la diversidad biológica, los sistemas de recursos y de sustento de la vida de los cuales dependemos. Los problemas ecológicos que causaron las crisis ambiental y financiera tienen el mismo origen: las deficiencias fundamentales de nuestro sistema económico. Debemos superar las preocupaciones menores que ocupan nuestra atención y responder a la realidad de que el futuro de la vida humana depende de lo que hagamos o dejemos de hacer en esta generación.

Todas estas cuestiones ponen de relieve la necesidad urgente de adoptar medidas decisivas en Río+20. El cambio de rumbo necesario exigirá que cambiemos radicalmente nuestro sistema económico actual, en particular en los países, en su mayoría occidentales, que han dominado la economía mundial durante el último siglo. Esos países serán los que más se resistan al cambio; sin embargo, son los que han monopolizado los beneficios económicos que acompañaron el daño acumulativo que hemos causado a los sistemas de sustento de la vida en la Tierra, sus recursos biológicos preciosos y el clima.

La economía verde no es un mero lema: Río+20 debe generar un impulso fuerte y renovado para hacerla realidad en los planos nacional, local y mundial. Una economía que integra los principios de desarrollo sostenible con el capitalismo responsable puede producir riqueza suficiente para satisfacer las necesidades de todos. La Cumbre para la Tierra 2012 debe trazar una hoja de ruta clara –para la transición urgente a la energía renovable– a fin de que el mundo marche hacia una economía que sea sostenible, equitativa y accesible para todos.

La clave radica en aumentar enormemente la eficiencia económica en la producción de bienes y servicios, en el consumo de energía y en el desarrollo, la utilización y la reutilización de recursos. Algunas naciones –en particular el Japón, Alemania y otros países europeos– han demostrado que eso no solo es factible, sino que genera beneficios económicos y ambientales considerables. Los países más desarrollados, los que han incidido en mayor medida en los problemas ambientales mundiales, tienen la responsabilidad y el interés de cumplir con los compromisos que han contraído de brindar a las naciones en desarrollo el acceso a la financiación y las tecnologías que necesitan para hacer que sus economías sean verdes.

Las organizaciones de la sociedad civil de cada país deberían evaluar el desempeño de su gobierno en el cumplimiento de compromisos pasados y de aquellos que contraigan en Río. Debería crearse un nuevo instrumento en forma de “Bonos de la Tierra” que se vendan a fundaciones del sector privado, fondos e individuos para que los inviertan en proyectos de desarrollo sostenible, principalmente en países en desarrollo. Además, debería establecerse un sistema –sobre la base de los principios 21 y 22 acordados en Estocolmo en 1972– que brinde acceso a las víctimas de daños ambientales de un país a los tribunales del país responsable, para que puedan reclamar una indemnización.

Existe una verdadera necesidad de esclarecer y reforzar la función del PNUMA aceptando conferirle la condición de organismo especializado, sin tratar al medio ambiente, que es una cuestión sistémica, como sector. Eso podría dar lugar a la creación de una organización mundial del medio ambiente. Habría que asignar al obsoleto Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas una nueva función para que abarque los bienes comunes de la humanidad y el medio ambiente, y Río+20 debería respaldar la Carta de la Tierra y basarse en ella.

Algunos opinarán que esas medidas son poco realistas en las condiciones actuales. No obstante, la negación no puede cambiar la realidad, sino aumentar sus peligros. La necesidad de estas medidas es real y urgente. Río+20 no puede hacer todo, pero puede –y debe– poner en marcha estos procesos y darles el apoyo y el impulso que necesitan.

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