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Manos a la obra

Juan Somavia
Director General de la Organización Internacional del Trabajo

El modelo económico mundial de los últimos decenios no ha logrado mejorar la existencia de demasiadas personas que son parte integrante de nuestra sociedad y ha causado estragos en la salud de nuestro planeta. La sobreexplotación constante de los recursos naturales, que amenaza el medio ambiente, va a entrañar el aumento de los costos de producción, la alteración de las actividades mercantiles, la pérdida de empleos y el empeoramiento de los niveles de vida. A decir verdad, más de un millón de trabajadores forestales asiáticos ya han perdido su trabajo a causa de prácticas de explotación insostenibles.

La transición a una economía más verde no es decisiva solo desde el punto de vista ambiental, sino que también está plenamente justificada económica y socialmente porque conlleva el mejoramiento de los medios de vida, una mayor inclusión social y más y mejores empleos. Pero para que todo esto se haga realidad, las personas y sus medios de vida deben ocupar, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, un lugar central en la formulación de políticas.

En la OIT creemos que el Programa de Trabajo Decente ofrece un marco normativo coherente capaz de integrar las dimensiones macroeconómica, ocupacional, social y ambiental que conlleva este cambio. El concepto de empresa sostenible —esto es, la armonización del crecimiento empresarial y la creación de empleos productivos y trabajo decente con los objetivos de desarrollo sostenible— es especialmente importante. Y también lo es la iniciativa “Empleos Verdes”, que contribuye a reducir la huella ambiental de la economía y promueve unas condiciones de trabajo decente, en especial ambientes laborales más salubres y seguros.

El cambio hacia una economía más verde incidirá en el empleo y la distribución de los ingresos. ¿Va a ayudarnos a abordar los desafíos sociales con que se enfrenta el mundo en el siglo XXI? ¿Qué pasará con los más de 200 millones de desempleados actuales, el mayor número jamás registrado? ¿Habrá oportunidades para la juventud en una economía más verde, dado que en el próximo decenio harán falta unos 400 millones de nuevos puestos de trabajo para los jóvenes que ingresarán en el mercado laboral? ¿Y qué será de los más de 940 millones de trabajadores pobres, prácticamente uno de cada tres a nivel mundial? ¿O de los miles de millones de personas que sufren una situación de exclusión social persistente en cuanto a acceso a seguridad social básica, fuentes modernas de energía, vivienda decente o saneamiento?

Como con cualquier otro cambio estructural, el paso a un modelo de crecimiento más verde y sostenible comportará tanto la creación como la pérdida de empleos. Las afirmaciones alarmistas de que prestar atención al medio ambiente iría en detrimento del crecimiento y el empleo están fuera de lugar: las medidas ecológicas, de hecho, pueden tener un efecto positivo en la tasa neta de empleo. Según un análisis reciente de 20 estudios que abarcaban ocho países y la Unión Europea, gracias a medidas de ese tipo se registró un aumento neto de entre el 0,5% y el 2% en dicha tasa. Evidentemente este resultado no es suficiente para resolver el problema del empleo, pero al menos representa un paso en la dirección correcta.

Con toda probabilidad, el efecto de mayor magnitud no será ni la creación ni la destrucción de empleo, sino la transformación de muchos trabajos en todos los sectores de la economía. Las mayores oportunidades que ofrece la ecologización de la economía radican en la mejora de los trabajos existentes y el aumento de los ingresos. Esto es cierto para la agricultura, sector que sigue dando empleo a uno de cada tres trabajadores, pero en el que se concentra el 70% de los pobres del mundo. Varios estudios realizados por el PNUMA y la OIT parecen indicar que la inversión en agricultura sostenible en emprendimientos de pequeña escala podría sacar a decenas de millones de personas de la pobreza. Al mismo tiempo, entre 10 y 20 millones de recolectores informales de desechos podrían acabar integrándose en los sistemas estructurados modernos de reciclado, lo que mejoraría enormemente sus ingresos y condiciones de vida y supondría grandes beneficios ambientales y económicos. Las mujeres desempeñan un papel clave en la gestión de los recursos naturales y constituyen la mayoría de las personas pobres del mundo: el paso a una economía más verde ofrece asimismo la oportunidad de promover la igualdad de género.

Ni las ganancias netas de empleos ni la reducción acelerada de la pobreza y la mejora de la inclusión social van a suceder porque sí. Las preocupaciones ambientales por sí solas no nos conducirán hacia una economía más verde ni más justa. Para que las políticas logren buenos resultados y sean sostenibles tienen que contener un marcado componente social y ocupacional.

Tenemos que prestar más atención a las políticas fiscales y a los mensajes que pueden dar los precios, como los impuestos ecológicos que penalizan el consumo de recursos y la contaminación y gratifican el empleo desplazando la carga económica de la mano de obra a la energía y los recursos. Para evitar los estrangulamientos que frenan el crecimiento verde en muchos países y sectores es preciso determinar desde una etapa temprana las competencias técnicas necesarias y definir los programas para ponerlas al día.

La ecologización de la economía abre una vía para aumentar la concienciación y perfeccionar competencias técnicas que promuevan la seguridad y la salud de los trabajadores. Si bien unas industrias tradicionales más verdes pueden ayudar a reducir los numerosos peligros que desde hace largo tiempo amenazan la seguridad y la salud ocupacionales, cabe la posibilidad de que el crecimiento de determinados sectores verdes, como las energías renovables, la gestión de desechos y el reciclado, comporte nuevos riesgos. Antes de aplicar tecnologías nuevas y poner en práctica nuevos procesos de producción, hay que examinar atentamente las consecuencias que podrían acarrear.

Además, será fundamental cerciorarse de que las empresas —sobre todo las de pequeño y mediano tamaño, que son las que generan más empleo y un mayor número de nuevos puestos de trabajo— estén en condiciones de llevar a cabo esa transición. Las empresas necesitan tener acceso a información, tecnología, recursos financieros, conocimientos especializados y mercados verdes, todo lo cual no suele ser fácil de conseguir. Y se precisarán programas específicos para superar la exclusión social. Los 1.300 millones de personas que carecen de acceso a fuentes de energía limpia y moderna no podrán obtenerlo de forma automática. Políticas concebidas expresamente con ese fin pueden mejorar enormemente la calidad de vida, especialmente de las mujeres; por otro lado, el acceso a la energía tendrá un gran efecto derivado, al abrir todo un abanico de nuevas oportunidades laborales y de generación de ingresos.

Es esencial identificar cuanto antes los sectores económicos, las empresas y los trabajadores con mayores probabilidades de verse afectados. Un transporte más ecológico, por ejemplo, entrañará el desplazamiento hacia el transporte ferroviario y colectivo, lo que tendrá profundas repercusiones en quienes trabajan en esos sectores. Los gobiernos, los sindicatos y los empleadores tienen la posibilidad de trabajar juntos para concebir estrategias de prevención y conseguir que la transición sea económica y socialmente sostenible.

Por último, los niveles mínimos de protección social han demostrado ser una medida muy eficaz durante la crisis económica mundial, ya que han contribuido a estimular los ingresos de los hogares y la demanda agregada, dando así a muchos países un margen de maniobra más holgado. Además, serán muy útiles a medida que los países emprendan su “transición verde”, como medio, por ejemplo, de proteger a los trabajadores despedidos. Los programas de apoyo a los ingresos pueden servir para retribuir a los hogares pobres por los servicios ambientales que prestan al salvaguardar los bosques y la vida marina, y para indemnizarlos por los aumentos del precio de la energía que podrían provocar las reformas de los subsidios o la fijación de precios por las emisiones, que, de lo contrario, los afectarían de forma desproporcionada. Si bien la población pobre consume mucha menos energía, una proporción mucho mayor del gasto de sus hogares está relacionada directamente con lo que pagan por ella.

Muchos de los cambios que se producirán en el camino hacia un futuro más justo y sostenible podrán preverse y manejarse. Una adhesión sin reservas al diálogo social brindaría a los gobiernos, los interlocutores sociales y todas las partes interesadas una oportunidad única para garantizar que esta transición redunde en beneficio de las personas, la economía y el medio ambiente. Si las medidas económicas y ambientales se complementan con políticas apropiadas en materia de trabajo decente, será posible obtener ganancias netas en las esferas del empleo, la inclusión social y la reducción de la pobreza. La Conferencia de Río+20 representará una ocasión crucial para consolidar este objetivo, respaldándolo con el firme compromiso de pasar a la acción.

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