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Generar una buena gobernanza

Rita Mishaan
coordinadora en Guatemala y la región centroamericana de la Conferencia Río+20 (2010-2011)

Con la celebración de la Conferencia Río+20 se pretende obtener un compromiso político renovado en favor del desarrollo sostenible, evaluar los avances logrados hasta el momento y las brechas que aún persisten en el cumplimiento de los acuerdos ya establecidos, y hacer frente a las nuevas dificultades que han ido surgiendo.

En el proceso preparatorio de la Conferencia se determinaron los dos temas principales que se tratarían en las negociaciones, a saber: la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional para el desarrollo sostenible.

En los debates sobre el marco institucional surgió el importante tema de la gobernanza a nivel internacional, regional y nacional. Los Estados miembros plantearon preguntas sobre cómo pueden los marcos institucionales servir de base al desarrollo sostenible e impulsarlo, a nivel nacional y regional, y qué se puede hacer para fortalecerlos. También se discutió sobre las medidas necesarias para poder tender puentes sólidos entre los tres pilares del desarrollo sostenible (los aspectos económico, social y ambiental) y qué cambios y ajustes serían precisos para reforzar la arquitectura institucional a nivel mundial.

En el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible —celebrada en Johannesburgo en 2002, en el décimo aniversario de la Cumbre Mundial de Río—, se afirmó lo siguiente: “Para la ejecución cabal del Programa 21 y el seguimiento de las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y para la solución de los nuevos problemas relacionados con el desarrollo sostenible es esencial que exista un marco institucional efectivo para el desarrollo sostenible a todos los niveles. Las medidas encaminadas a fortalecer ese marco deben basarse en las disposiciones del Programa 21 y en el Plan para la ejecución ulterior del Programa 21 de 1997 y en los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y deberían fomentar la consecución de los objetivos de desarrollo convenidos en el plano internacional, incluidos los de la Declaración del Milenio, teniendo en cuenta el Consenso de Monterrey y las conclusiones pertinentes de otras conferencias importantes de las Naciones Unidas y los acuerdos internacionales concertados desde 1992. El marco deberá responder a las necesidades de todos los países, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los países en desarrollo, incluidos los medios de ejecución. Deberá promover el fortalecimiento de los órganos y las organizaciones internacionales que se ocupan del desarrollo sostenible, respetando sus mandatos actuales, y el fortalecimiento de las instituciones regionales, nacionales y locales pertinentes.”

Pero, ¿qué ha sucedido desde entonces? ¿Por qué no hemos cumplido todos los acuerdos establecidos durante este tiempo? ¿Nos da miedo poner en práctica el marco ideal para el desarrollo sostenible a nivel mundial, regional y nacional? ¿O es que hay un acuerdo político —de esos que se conciertan tácitamente— entre los líderes políticos más poderosos del mundo cuyos intereses económicos e industriales tienen la última palabra? ¿Cómo podemos avanzar para enfrentar el problema de una producción y un consumo excesivos que utilizan el 80% de los recursos naturales del planeta para beneficio de apenas el 20% de la población? Huelga decir que con la tasa de crecimiento demográfico actual, en 2050 necesitaremos tres planetas y medio o cuatro para poder alimentar a la población mundial.

Entonces, ¿hay alguna solución posible para lograr el verdadero y tan deseable “desarrollo sostenible” mundial? ¿Estamos dispuestos a ponernos de acuerdo para conseguir una coherencia y una unidad que posibiliten la gobernanza internacional? ¿Y en los ámbitos regionales y nacionales? Estas son algunas de las preguntas que aún no tienen respuesta. Pero de nosotros — los Estados miembros, las regiones y los grupos de trabajo— depende que se lleven adelante algunas de las soluciones.

Durante el proceso de consulta realizado en Centroamérica señalamos que en los últimos 20 años el sistema de las Naciones Unidas nunca había facultado a un organismo de asuntos ambientales para que contara con un “mandato de alto nivel” que promoviera la aplicación plena de los principios del Programa 21, o que pudiera facilitar la coordinación entre los diversos organismos internacionales o la conformación de una fuerza política sólida para garantizar la convergencia de los tres pilares del desarrollo sostenible.

La principal conclusión a que se ha llegado una y otra vez es que falta una coherencia política integradora entre las instituciones internacionales, regionales y nacionales “encargadas” del desarrollo sostenible. Estamos muy lejos de la voluntad política expresada hace, 20 años —por no decir más.

Si queremos aproximarnos al desarrollo sostenible, debemos generar una “buena gobernanza”. Esta, a su vez, es fundamental para poder formular políticas económicas acertadas, establecer instituciones democráticas sólidas que atiendan las necesidades de los pueblos, y construir una mejor infraestructura que sirva de base al crecimiento económico sostenido, la erradicación de la pobreza y la creación de empleo.

Por tanto, en nuestros debates nacionales y regionales a este respecto, llegamos a la conclusión de que los retos que debemos considerar son los siguientes: cambiar la estructura de las instituciones existentes y mejorar la coordinación entre ellas.

La estructura de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible debería modificarse para otorgarle mayor peso al más alto nivel, transformándola así en un “consejo para el desarrollo sostenible” que se encargue del tema dentro del sistema de las Naciones Unidas y sirva de foro para el debate de todas las cuestiones relativas a la integración de los tres aspectos del desarrollo sostenible.

En cuanto a la mejora de la coordinación entre las instituciones existentes, es importante destacar la historia de las deliberaciones del Grupo Intergubernamental sobre la gestión de los asuntos ambientales a nivel internacional del PNUMA, que impulsó la idea de la agrupación programática de los acuerdos ambientales multilaterales.

Debería profundizarse el fortalecimiento del PNUMA como programa y otorgársele la potestad de movilizar más recursos financieros y ejecutar proyectos en los ámbitos nacionales y regionales. A su vez, ese cambio en la estructura del PNUMA daría vigor a sus oficinas regionales y permitiría incluir a las instituciones presentes en los países para que acompañen la ejecución y el seguimiento de las iniciativas sobre el terreno.

En última instancia, la creación y consolidación de un nuevo marco de instituciones internacionales para el fomento del desarrollo sostenible depende, como siempre, de los encargados de tomar las decisiones que están dispuestos a cambiar las cosas. Lo cierto es que a 20 años de la Cumbre Mundial de Río, y transcurridos 40 años desde que las naciones se reunieran en Estocolmo para celebrar la primera gran conferencia política internacional especialmente dedicada a las cuestiones ambientales, no tenemos ni 40 ni 20 años más para decidir sobre el futuro del planeta o la supervivencia de las generaciones venideras.

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