Esta semana, expertos en leyes definieron y presentaron la propuesta de una nueva categoría de crimen internacional: el “ecocidio”. Si las Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) la adoptan, se convertiría en la quinta categoría de delitos que se juzgan ahí, junto con los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión.
Este paso histórico refleja que el aumento de las propuestas y avances en el derecho ambiental es una tendencia global. Ante la crisis planetaria, están surgiendo nuevas soluciones, enfoques e ideas, y los gobiernos están poniendo cada vez más a la naturaleza al frente y al centro, incluido el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
Cada vez más empresas están asumiendo compromisos de “cero emisiones netas” y reconsiderando sus actividades, operando en un nuevo panorama regulatorio de mayores responsabilidades ambientales, sociales y de gobernanza.
Nos sentamos con Andy Raine, jefe de la Unidad de Derecho Internacional de la División de Derecho del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para conocer más sobre el auge de las leyes ambientales y lo que se puede hacer para ayudar a hacer las paces con la naturaleza.
Hacia fines de 2020, António Guterres, secretario general de la ONU, declaró que la humanidad está librando una guerra contra la naturaleza. ¿Por qué debemos actuar?, ¿tiene que ser ahora?
Andy Raine (AR): La pandemia ha demostrado que la salud humana y la salud planetaria están profundamente interrelacionadas. 60% de todas las enfermedades infecciosas son zoonóticas, lo que significa que se transmiten entre animales y humanos. Aunque las pandemias mundiales como la COVID-19 dominan los titulares, otras enfermedades zoonóticas, como la malaria, el ébola y la enfermedad de Lyme, matan a más de 2 millones de personas cada año, principalmente en los países en desarrollo.
A medida que la población mundial se acerca a los 8.000 millones, el desarrollo desenfrenado provoca que los humanos y los animales estén cada vez más cerca, lo que facilita la transmisión de enfermedades entre especies. La evidencia de que nos enfrentamos a una triple crisis planetaria —cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación y desperdicio— es cada vez más difícil de ignorar.
Cada año, el mundo pierde 7 millones de hectáreas de bosques, un área del tamaño de Portugal. Alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas están ahora amenazadas de extinción, muchas de ellas en cuestión de décadas.
La investigación del PNUMA muestra que a pesar de una breve caída en las emisiones de dióxido de carbono a causa de la pandemia de COVID-19, el mundo todavía se dirige a un aumento de temperatura potencialmente catastrófico de 3,2 °C este siglo, mucho más allá de los objetivos del Acuerdo de París de mantener el calentamiento global muy por debajo 2 °C, y tratar de conseguir 1,5 °C.
Los seres humanos han alterado 75% de la superficie terrestre y 66% de las áreas marinas. El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, lanzado este mes en el Día Mundial del Medio Ambiente, brinda una excelente oportunidad para movilizar a la comunidad mundial para reequilibrar la relación entre las personas y la naturaleza.
La investigación del PNUMA también ha encontrado que un número cada vez mayor de personas recurren a los tribunales para obligar a los gobiernos y las empresas a cumplir sus compromisos climáticos y ambientales. ¿A qué se debe?
AR: En efecto, en lo que respecta al cambio climático, el PNUMA encontró que los casos han aumentado en los últimos cuatro años a 1.550 en 38 países, el doble que en 2017. Casi todos los meses, hay un juicio significativo o incluso histórico. Por ejemplo, en mayo de 2021, el fallo de un tribunal de los Países Bajos ordenó a Royal Dutch Shell reducir sus emisiones 45% para 2030. En la misma semana, el Tribunal Federal de Australia dictaminó que el Ministro de Medio Ambiente tenía la obligación de proteger a los niños australianos de los impactos del cambio climático. Los tribunales de todo el mundo también están recibiendo cada vez más casos de contaminación del aire, presionando a los gobiernos para que cumplan con los límites legales.
Una de las razones de esto es que los ciudadanos toman cada vez más conciencia y ejercen sus derechos humanos a un medio ambiente limpio. Los jueces también están más conscientes del papel fundamental que desempeñan en la adjudicación del clima y el medio ambiente, con mayores capacidades en este espacio.
Parece que se reconoce cada vez más que el derecho a un medio ambiente saludable es un derecho humano. ¿Cuál es la posición del PNUMA sobre este tema?
AR: El derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está legalmente reconocido en 155 países. Esto es importante, ya que un medio ambiente saludable es parte integral del pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento. Sin un medio ambiente saludable, no podemos cumplir nuestras aspiraciones ni vivir en un nivel acorde con los estándares mínimos de dignidad humana. Al mismo tiempo, la protección de los derechos humanos ayuda a proteger el medio ambiente.
Nuestra directora ejecutiva, junto con otros líderes de la ONU, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha pedido públicamente a los Estados Miembros que den el siguiente paso y adopten el reconocimiento universal de este derecho mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU o de la Asamblea General. Al ampliar su perfil y otorgarle un estatus elevado, el reconocimiento universal ayudaría a implementar el derecho a un medio ambiente saludable en todo el mundo.
¿Cómo trabaja el PNUMA con los Estados Miembros y sus socios para promover el derecho y la justicia ambientales?
AR: El PNUMA tiene un compromiso y un mandato de larga data de ayudar a los Estados Miembros a desarrollar e implementar el estado de derecho ambiental. Nuestro trabajo en derecho ambiental se remonta a la creación del PNUMA en 1972, pero se ha acelerado mediante sucesivos programas de diez años conocidos como “Programas de Montevideo” sobre derecho ambiental. El primero de los cinco comenzó en 1982.
La actual y quinta versión del programa fue adoptada en 2019 por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El Programa de Derecho Ambiental de Montevideo V traza una década de acción y apoyo a los países para desarrollar e implementar el derecho ambiental, desarrollar capacidades relacionadas y lograr la dimensión ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otros compromisos acordados internacionalmente.
Muchos países están luchando por volver a encarrilar sus economías después de la pandemia de COVID-19. ¿Puede la recuperación económica ir de la mano de la consecución de objetivos ambientales?
AR: La recuperación de COVID-19 y la reparación de nuestro planeta deben ser dos caras de la misma moneda. Una recuperación ecológica de la pandemia ofrece una oportunidad única para implementar políticas que aborden la crisis planetaria al tiempo que crean empleo y reducen las desigualdades.
En el PNUMA, nos alienta ver que los países están canalizando sus paquetes de estímulo hacia inversiones ecológicas. Pero es necesario hacer más.
“¿Estamos reconstruyendo mejor?”, un informe histórico del PNUMA y sus socios, encontró que solo 18% del gasto de recuperación anunciado por las principales economías puede considerarse “verde”. El informe identifica cinco áreas centrales de política verde que pueden generar los beneficios económicos necesarios para una recuperación sólida: energía limpia, transporte limpio, mejoras en la construcción ecológica y eficiencia energética, capital natural e investigación y desarrollo limpios.
Los paquetes de estímulo serán clave para acelerar la acción. El Informe sobre la brecha de emisiones del PNUMA descubrió que una recuperación ecológica podría reducir 25% las emisiones para 2030 y, de esa manera , ayudarnos a volver a encaminarnos a la meta mundial de un aumento menor a 2 °C.
