La pérdida de biodiversidad sin precedentes, la contaminación, el cambio climático y el aumento de las enfermedades zoonóticas han puesto de manifiesto la relación simbiótica entre los seres humanos y la naturaleza. El derecho humano a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, así como otros derechos humanos, solo pueden alcanzarse allí donde la biodiversidad prospere y los ecosistemas sean saludables.
Las obligaciones estatales vinculadas tanto a los derechos humanos como a la biodiversidad provienen de leyes internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). De acuerdo con estos compromisos y las responsabilidades que engloban, los Estados están obligados a cumplir con 13 aspectos clave.
1. Abordar la pérdida de biodiversidad y hábitat, y prevenir sus impactos negativos sobre los derechos humanos.
Debido al impacto negativo en los derechos humanos de la pérdida de biodiversidad y hábitat, y la extinción de especies, los Estados deben tomar medidas urgentes para abordar estos desafíos. Esto incluye poner fin a la deforestación, proteger y conservar tierras y océanos, avanzar hacia patrones sostenibles de producción y consumo, combatir el cambio climático y la contaminación, prevenir la introducción de especies exóticas invasoras, y proteger la tenencia de la tierra y el uso de recursos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres y las niñas.
2. Garantizar la igualdad y la no discriminación.
Debido a que afecta a algunos de manera más aguda que a otros, la pérdida de biodiversidad puede aumentar las desigualdades que ya existen entre individuos, grupos e incluso generaciones, ya que las generaciones futuras heredarán los resultados irreversibles de la degradación ambiental. Por lo tanto, las acciones para abordar la pérdida de biodiversidad y hábitat deben considerar la edad, el género y vulnerabilidades como la pobreza, la discapacidad o la marginación, y no exacerbar las disparidades existentes.
3. Proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas se ven muy afectados por la pérdida de biodiversidad y se encuentran entre los actores mejor posicionados para prevenirla. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma el derecho de estos pueblos a conservar y proteger sus tierras, territorios y recursos. Esto significa que las acciones de conservación con potencial impacto sobre los derechos humanos deben tomarse en consulta con los pueblos indígenas y con su consentimiento libre, previo e informado, y deben apoyar su participación en la gestión y apropiación de los esfuerzos correspondientes.
4. Proteger a los defensores de los derechos ambientales.
Aquellos que protegen la biodiversidad, los hábitats, los medios de vida que dependen de la naturaleza y los derechos humanos han sido objeto de amenazas, violencia, criminalización y represalias, particularmente las mujeres y niñas y los indígenas. Instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de la ONU sobre los defensores de derechos humanos requieren que los Estados respeten, protejan y cumplan los derechos de los defensores ambientales a la participación, el acceso a la información y a las libertades de expresión, reunión y asociación. Los Estados también están obligados a tomar medidas contra las amenazas a la vida o el bienestar de los defensores ambientales, brindar acceso a la justicia y reparación efectiva cuando se violen sus derechos y realizar investigaciones oportunas en las cuales los responsables de actos de violencia e intimidación sean procesados.
5. Garantizar la equidad en las medidas para abordar la pérdida de biodiversidad y en el uso de los beneficios de la biodiversidad.
Estas acciones deben tener en cuenta las necesidades de los niños, los jóvenes y las generaciones futuras, quienes no son responsables de la pérdida de biodiversidad y hábitat y sin embargo deben vivir con las consecuencias. El CDB y el Protocolo de Nagoya enfatizan que los beneficios de la biodiversidad deben compartirse de manera equitativa, transparente y responsable. Eso tiene en cuenta la igualdad de derechos y las diferentes necesidades de los pueblos indígenas, las comunidades locales y todas las personas, independientemente de su género.
6. Asegurar una participación significativa e informada, incluso en la gobernanza de la tierra y los recursos.
El derecho a la participación libre, activa, significativa e informada en los asuntos públicos está garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo y otros instrumentos internacionales, acuerdos ambientales multilaterales, y leyes y políticas nacionales. Esto significa que los Estados deben proporcionar información pública sobre la biodiversidad en un lenguaje y formato accesibles; prever y facilitar la participación pública, teniendo en cuenta las barreras que enfrentan los pueblos indígenas, las comunidades locales, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situación de marginación; y llevar a cabo de manera transparente y responsable toda la formulación de las políticas relacionada.
7. Garantizar la rendición de cuentas y la reparación efectiva de los daños a los derechos humanos causados por la pérdida de biodiversidad y hábitat.
Los Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos articulan las obligaciones de los Estados de garantizar el acceso a la justicia y los recursos efectivos cuando ocurren violaciones o abusos de derechos humanos, incluidos aquellos cometidos por empresas. Acuerdos regionales como el Convenio de Aarhus y el Acuerdo de Escazú abordan específicamente el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Asimismo, los mecanismos de rendición de cuentas a nivel nacional deben garantizar el acceso a la justicia y la reparación de la pérdida de biodiversidad y el daño asociado a los derechos humanos. A nivel mundial, los daños a los derechos humanos relacionados con el medio ambiente deben incluirse en las revisiones de los Órganos de tratados de derechos humanos, el proceso del Examen Periódico Universal, el trabajo de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos y las revisiones del cumplimiento estatal del CDB y los acuerdos relacionados.
8. Proteger contra los daños a los derechos humanos relacionados con las empresas debido a la pérdida de biodiversidad.
Como se refleja en los Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Esto incluye evitar su infracción a través de la pérdida de biodiversidad y facilitar la reparación de cualquier daño causado o con el cual se haya contribuido. Según el derecho internacional, los Estados están obligados a proteger contra los abusos de los derechos humanos por parte de las empresas y deben exigir una evaluación de todos los impactos sociales, ambientales y de derechos humanos de los proyectos que puedan afectar la biodiversidad. Cuando se producen abusos contra los derechos humanos, incluidos los que resultan de la pérdida de biodiversidad y hábitat, los Estados deben responsabilizar a las empresas y garantizar que los afectados tengan acceso a un recurso efectivo.
9. Asegurar la cooperación regional e internacional.
La protección eficaz de la biodiversidad requiere cooperación y solidaridad internacionales. Los instrumentos de derechos humanos piden a los Estados cooperar en la realización de todos los derechos humanos, abordando las brechas en la protección y los daños transfronterizos y extraterritoriales. Además, la capacidad de los países en desarrollo para implementar sus compromisos de diversidad biológica depende del intercambio de recursos y de las transferencias de tecnología de los países desarrollados. Por lo tanto, los Estados deben establecer y fortalecer mecanismos y recursos para abordar las causas y los impactos transfronterizos de la pérdida de biodiversidad y hábitat.
10. Movilizar eficazmente los recursos adecuados para prevenir los daños a los derechos humanos causados por la pérdida de diversidad biológica.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales requiere que los Estados dediquen el máximo de recursos disponibles al cumplimiento de este conjunto de derechos. Esto incluye la protección de la biodiversidad, porque la biodiversidad es necesaria para garantizar ecosistemas saludables, y a su vez estos son necesarios para garantizar los derechos a la vida, la salud y los medios de subsistencia de miles de millones de personas en todo el mundo. Los Estados están obligados a actuar tanto individual como colectivamente, por lo que la cooperación internacional y la asistencia financiera son imperativas.
11. Garantizar que todos disfruten de los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones.
Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos tienen derecho a disfrutar de los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma el valor de los sistemas de conocimientos tradicionales y los enfoques holísticos y el CDB compromete a los Estados a respetar y mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales hacia la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
En particular, los Estados deben apoyar el uso de los conocimientos tradicionales con el consentimiento de los pueblos indígenas interesados, garantizando que los beneficios económicos se compartan de manera equitativa, y deben apoyar la transferencia de métodos y tecnología para una respuesta internacional eficaz a la pérdida de diversidad biológica.
12. Garantizar la educación con respeto a la naturaleza.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho de toda persona a la información y la Convención sobre los Derechos del Niño pide que la educación fomente el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el medio ambiente natural. Comprender los derechos humanos y el medio ambiente es fundamental para garantizar la dignidad humana, el bienestar y la supervivencia, y requiere de la participación informada de todas las personas. Por lo tanto, los Estados deben garantizar el derecho de todas las personas a la educación, poniendo en el centro el respeto por la naturaleza y a la información necesaria para protegerla.
13. Respetar y proteger la naturaleza en todos sus valores.
Alcanzar el objetivo de vivir en armonía con la naturaleza para 2050 requerirá de una transformación total de la relación entre la humanidad y el medio ambiente natural. Los distintos valores otorgados a la naturaleza y la relación entre la diversidad biológica, cultural y lingüística de los humanos deben comprenderse mejor y reflejarse debidamente en las políticas. Un entorno natural próspero y el respeto a la diversidad humana no solo es la mejor receta a largo plazo para la resiliencia y la supervivencia de nuestra especie. Es un requisito previo para vivir con dignidad y ver el pleno cumplimiento de los derechos humanos.
