Las posibilidades de respirar aire limpio en las ciudades de países de ingresos medios y bajos son realmente escasas. En 97% de estas urbes no se cumplen las pautas de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La mayoría de la población mundial está expuesta, sin su consentimiento, a sustancias y desechos peligrosos que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades y discapacidades a lo largo de la vida. En algunos casos, esta situación tiene el potencial de constituir una violación de los derechos humanos.
Y el panorama puede ser peor para algunos grupos específicos. Por ejemplo, los recicladores informales son personas que recolectan y transforman materiales reciclables fuera del sistema formal de gestión de residuos. Tienden a trabajar con equipos inadecuados en condiciones poco saludables e incluso peligrosas, y a menudo enfrentan riesgos como un ingreso inestable y exclusión social. A la vez, son algunas de las personas más expuestas a los efectos peligrosos de la contaminación.
La OMS estima que la degradación ambiental es responsable de 23% de todas las muertes en el mundo -un total de 12,6 millones de personas en 2012- . Los países de ingresos bajos y medios son los más afectados por las enfermedades relacionadas con la contaminación, que generan un impacto desproporcionado en los niños, las mujeres y los sectores más vulnerables. Sólo la contaminación del aire mata a un estimado de siete millones de personas en todo el mundo cada año.
En respuesta a esto, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció en marzo de 2012 un mandato para estudiar las obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) trabaja en estrecha colaboración con el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David R. Boyd.
Para que el medio ambiente saludable sea reconocido como un derecho humano fundamental, se debe actuar en varios frentes.
Una prioridad es la gestión racional de los productos químicos y los desechos. Sin la gestión segura de estas sustancias y materiales en todo el mundo, sería imposible lograr la igualdad, la justicia y la dignidad humana para todos. Si bien los productos químicos contribuyen a nuestro desarrollo cotidiano, su manejo inadecuado puede crear fuentes peligrosas de contaminación para nuestras sociedades y el medio ambiente.
En segundo lugar, el intercambio de conocimientos e información sobre estos temas debería mejorar, así como la participación de las personas vulnerables. Las cuestiones ambientales se manejan mejor con la participación de todos los ciudadanos interesados. En otras palabras, es clave informar y capacitar adecuadamente a los más afectados por los productos químicos y los desechos.
Además, se deben proteger los derechos de los trabajadores. Esta población necesita información sobre los químicos que maneja como parte de sus labores y tiene derecho a recibirla. Ni ellos ni sus familias, especialmente sus hijos, deben ser castigados indirectamente por su trabajo con una mala salud.
Esto significa que todas las personas deben tener acceso a la información ambiental, lo cual está contemplado en dos acuerdos regionales vinculantes, el Convenio de Aarhus en Europa y el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe.
En tercer lugar, debería enfatizarse el derecho a un recurso efectivo, en caso de que el daño ya esté hecho. El derecho a un recurso efectivo está bien establecido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza a las víctimas de violaciones de derechos humanos un recurso efectivo. Esto ha sido interpretado para considerar también daños ambientales que afectan negativamente los derechos humanos. La mayoría de las constituciones nacionales y los marcos legales nacionales también prevén estos derechos.
Cuarto, se tendrían que establecer sistemas que respalden estos esfuerzos en todas partes del mundo y en todos los sectores de la economía global. El Relator Especial de la ONU sobre sustancias peligrosas y desechos ha expresado una profunda preocupación con respecto al doble rasero que existe actualmente respecto al tratamiento y uso de estos materiales.
Por ejemplo, aunque muchos plaguicidas están prohibidos o restringidos en la Unión Europea debido a sus efectos peligrosos, algunas empresas continúan produciéndolos, a veces específicamente para exportar a países no europeos que carecen de una legislación adecuada o de la aplicación de las leyes existentes en la materia.
UNEP pide un marco global más integral que proteja a las personas de un medio ambiente tóxico y aborde las injusticias que generen riesgos para la salud humana en todo el mundo. Existen soluciones para eliminar y reducir la exposición a la contaminación tóxica, pero se requiere una fuerte cooperación internacional para garantizar que estas soluciones conduzcan al desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos.
Los acuerdos multilaterales ambientales exigen medidas para la gestión racional de los productos químicos y los desechos, y otros aspectos. El plan de ejecución "Hacia un planeta sin contaminación" y las recientes resoluciones de la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente exigen esfuerzos ambiciosos para combatir la contaminación.
Los acuerdos regionales sobre acceso a la información y la justicia, y el derecho a participar en la toma de decisiones ambientales son parte de los esfuerzos mundiales para abordar la injusticia y promover la democracia ambiental. UNEP y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron recientemente un memorando de entendimiento para cooperar en materia de medio ambiente y derechos humanos, y promover una mayor protección para las personas que defienden estos derechos.
"Los responsables de la toma de decisiones, el sector privado y otras partes interesadas deben tomar medidas para abordar la contaminación en sus diversas formas y, al mismo tiempo, promover la protección y el respeto de los derechos ambientales. Estos problemas están íntimamente entrelazados y deben ir de la mano", dijo María Cristina Zucca, jefa de la Unidad de Contaminación y Salud de UNEP.
Colocar los derechos humanos en el centro de la acción ambiental es crucial. Todos nos beneficiaríamos de aire, agua y suelo más limpios, al igual que las generaciones que nos seguirán.
