Cada vez más personas, incluidas niñas, niños y miembros de las comunidades indígenas, recurren a los tribunales para obligar a los gobiernos y las empresas a respetar y acelerar la aplicación de los compromisos sobre cambio climático.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado hoy, el número de casos de litigios a causa del cambio climático ha aumentado en los últimos cuatro años y ahora asciende a 1.550 en 38 países (39 si se incluyen los tribunales de la Unión Europea).
Hasta el 1 de julio de 2020, cerca de 1.200 de estos casos se habían presentado en Estados Unidos y 350 en el resto de los países.
El Informe mundial sobre litigios climáticos – Revisión Global de 2020, señala que esto es casi el doble del número identificado en el primer informe del PNUMA sobre este tema, en 2017. El documento encontró 884 casos en alrededor de 24 países, de los cuales 654 se registraron en Estados Unidos y 230 en otras naciones.
“Esta marea de casos climáticos está impulsando un cambio muy necesario”, dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.
“El informe muestra cómo los litigios en materia climática están obligando a los gobiernos y corporaciones a perseguir objetivos más ambiciosos de mitigación y adaptación al cambio climático”, añadió Andersen.
La mayoría de las acciones legales se han iniciado contra los gobiernos, incluidas las autoridades nacionales y locales. Sin embargo, también ha habido casos dirigidos a empresas por no incorporar el cambio climático en su toma de decisiones y por no revelar los riesgos relacionados con el clima a sus accionistas.
Un número creciente de demandas se basa en leyes nacionales e internacionales vigentes que garantizan a los ciudadanos el derecho fundamental a un medio ambiente saludable. Los defensores han utilizado tales leyes para impedir a las compañías petroleras extraer combustibles fósiles del suelo, hacer que las empresas se responsabilicen de la contaminación que generan y obligar a los gobiernos a promulgar políticas relacionadas con el clima.
En el caso conocido como Urgenda, por ejemplo, el Tribunal Supremo de los Países Bajos señaló que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, integrado en la legislación nacional holandesa, exigía al Estado proteger el derecho a la vida de sus ciudadanos, y dictaminó que esa obligación requería que el gobierno tomara medidas para reducir las emisiones de carbono y limitar el calentamiento global.
Los ciudadanos, las empresas, las organizaciones no gubernamentales e incluso los gobiernos locales también están llevando a empresas y gobiernos nacionales a los tribunales por no protegerlos de los efectos de las inundaciones, los incendios forestales y otros desastres relacionados con el clima.
Hasta la fecha, ningún tribunal ha obligado a un acusado a pagar daños y perjuicios por contribuir al cambio climático. Sin embargo, el informe advierte que las empresas estatales y del sector privado se arriesgan a incurrir en una responsabilidad significativa por ignorar los efectos del calentamiento global en sus operaciones.
El informe, desarrollado con el apoyo del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia, encontró que los litigios se están utilizando para obligar a las empresas a revelar los riesgos relacionados con el clima y poner fin al “lavado verde”, es decir, la estrategia de ciertas corporaciones de adjudicarse prácticas sostenibles para distraer la atención de un balance más bien cuestionable en materia ambiental.
Los litigios también se están utilizando para evitar que los gobiernos eludan o atenúen la legislación ambiental vigente.
En Brasil, por ejemplo, se han presentado al menos tres demandas que impugnan decisiones para anular las regulaciones sobre la extracción de madera y piden la reactivación de fondos previamente destinados a iniciativas que combaten la deforestación de la Amazonía y el cambio climático.
En el informe se señala que, desde 2017, se están abriendo más casos relacionados con el cambio climático en el sur global, por ejemplo en Brasil, Colombia, Indonesia, Pakistán y Sudáfrica.
Los litigios en materia climática están obligando a los gobiernos y corporaciones a perseguir objetivos más ambiciosos de mitigación y adaptación al cambio climático.
En Colombia, un grupo de jóvenes demandó al gobierno y logró que en una sentencia la Corte Suprema obligara al Estado a desarrollar un plan para detener la deforestación de la Amazonía. En el caso de las llamadas Generaciones futuras el tribunal reconoció los derechos constitucionales de los demandantes a la vida, la salud, la subsistencia, la libertad y la dignidad humana, los cuales, según dijo, estaban vinculados al estado del bosque amazónico.
“Los niños y jóvenes exigen un clima seguro y están impulsando una transformación positiva, lo cual ayuda a demostrar que el cambio climático está en el centro de un movimiento mundial por los derechos ambientales”, dijo Andersen.
“Y, como se ilustra en este informe, los poderes judiciales en todo el mundo desempeñan un papel cada vez más fundamental en la lucha contra el cambio climático”, puntualizó la directora ejecutiva del PNUMA.
El reporte también destaca otros casos sobre cambio climático que se han llevado ante numerosos tribunales y foros en todo el mundo.
Por ejemplo, en el caso Sheikh Asim Farooq contra la Federación de Pakistán, ciudadanos demandaron a varias agencias administrativas por no proteger los bosques nacionales en virtud de varias leyes diseñadas precisamente para conservarlos y restaurarlos. El tribunal estuvo de acuerdo y ordenó, entre otras cosas, que “las leyes aplicables… se implementaran en letra y espíritu para plantar, proteger y preservar el bosque”.
